MATERIAS DELEGADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA
- Migraciones y nacionalidad
Se podrán modificar el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones; el Decreto Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones; y la Ley N° 32421, Nueva Ley de Nacionalidad, para reforzar la verificación documental, el control migratorio, los procedimientos sancionadores y la prevención del fraude en la adquisición y recuperación de la nacionalidad peruana.
- Telefonía móvil y comunicaciones ilícitas
Se modificarían los Decretos Legislativos N° 1182, N° 1338 y N° 1688 para reforzar la identificación, ubicación, registro y bloqueo de líneas y equipos móviles utilizados para delinquir, ampliar las facultades de supervisión del OSIPTEL y bloquear las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios. La ley precisa que estas medidas no autorizan el acceso indiscriminado al contenido de las comunicaciones.
- Armas, municiones y explosivos
Se podrá modificar la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, para limitar el número de armas en las modalidades de caza y deporte y endurecer las sanciones por su pérdida, hurto o robo. En el Código Penal se ampliarían las conductas del artículo 279-G y se incorporarían los artículos 428-C (declaración falsa de pérdida de armas, con cancelación definitiva de la licencia) y 438-B (uso de licencias ajenas). En el Código Procesal Penal se incorporaría el artículo 221-A sobre incautación y custodia de armas, y se modificaría el numeral 4 del artículo 446 para hacer obligatorio el proceso inmediato en los delitos allí previstos.
- Sistema penitenciario
Comprende la reforma del Sistema Penitenciario Nacional y la modernización del INPE; la modificación de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, para introducir evaluaciones de desempeño, procedimientos disciplinarios más céleres y la inhabilitación permanente para el reingreso de servidores destituidos; y la modificación del Decreto Legislativo N° 1229 sobre infraestructura penitenciaria, que incluye la posibilidad de adecuar cuarteles militares como establecimientos para internos de baja peligrosidad. Asimismo, se regulará la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales.
- Adolescentes en conflicto con la ley penal
Se modificaría el Decreto Legislativo N° 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para que quienes hayan cometido delitos graves cumplan, al alcanzar la mayoría de edad, la medida de internamiento en una unidad diferenciada dentro de un establecimiento penitenciario, y para incrementar la duración de las medidas en delitos graves.
- Criminalidad organizada y delitos violentos
Es el núcleo de la delegación. Se podrán modificar el Código Penal (Decreto Legislativo N° 635) y el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957) para reforzar la respuesta frente a la extorsión, el sicariato, el secuestro y la criminalidad organizada; establecer supuestos en los que no proceda la reducción de pena por terminación anticipada; limitar la conversión de penas; y comprender todas las etapas de la cadena de la minería ilegal. También el Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654), para fijar criterios diferenciados en el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Se prevé, además, un régimen de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena para condenados por sicariato, extorsión u organización criminal, con un registro a cargo del Poder Ejecutivo.
La delegación alcanza también a la Ley N° 32490 y al Decreto Legislativo N° 1735 (Subsistema Especializado contra la Extorsión), a la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos, y a la Ley N° 32332 (plataforma Denuncia Digital). La ley precisa que no autoriza a crear otros delitos ni a reducir las garantías del debido proceso, el derecho de defensa o la presunción de inocencia.
- Responsabilidad de las personas jurídicas
Se podrá modificar la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, para comprender los casos en que una empresa sea utilizada para facilitar o encubrir actividades como la minería ilegal o la extorsión, reforzar sus deberes de prevención, control y debida diligencia, y establecer criterios que distingan la utilización delictiva de una empresa de un simple incumplimiento administrativo.
- Fuerzas Armadas, crimen organizado e inteligencia
Se modificaría el Decreto Legislativo N° 1095 para precisar que las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional frente a organizaciones criminales cuando la capacidad policial haya sido sobrepasada o exista riesgo cierto de que ello ocurra, con carácter excepcional, temporal y territorialmente delimitado. Asimismo, se podrá modificar la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, para inscribir en un registro a las organizaciones que empleen métodos propios del terrorismo, sin alterar la tipificación de este delito, y el Decreto Legislativo N° 1141, que regula el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.
- Legítima defensa
Se podrá modificar el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal para establecer que quien ejerce la legítima defensa goce de la presunción de haber actuado de modo racional. Esta presunción admitirá prueba en contrario, corresponderá al Ministerio Público desvirtuarla, y toda resolución judicial que la descarte deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
